Ian Naiquen Quiñones
Cualquier balance del 2025 para el movimiento diverso y disidente está obligado a hacer un arco desde el 1° de febrero en la Marcha Antifascista y Antirracista hasta el 1° de noviembre en la 34ta Marcha del Orgullo Argentina. La tarea del diagnóstico a posteriori, bordeando las amenazas de colapso económico, salvatajes y coyunturas electorales es la de encontrar desplazamientos, procesos, continuidades y rupturas entre las dos movilizaciones para hacer un estado de situación que permita pensar los días por venir.
A contra pelo
La novedad política del año fue la organización de las Marchas Antifascistas y Antirracistas el 1ro de febrero en todo el país ante los dichos de Javier Milei en la Conferencia de Davos. El presidente de la nación, ante los magnates billonarios del norte global, acusó a las personas LGBT+ de pedófilos y enfermos mentales. Esto fue un salto de escala en la violencia hacia nuestro colectivo. Primero, por la operación de responsabilización a un colectivo precarizado y excluido ante la “decadencia moral” que, imaginan, es causa de la crisis financiera global. Segundo, porque estos discursos desde lugares de autoridad habilitan la violencia social, cuerpo a cuerpo, hacia las personas LGBT+. El incremento de los crímenes de odio, femicidios y travesticidios es síntoma de esta violencia social como lo es la aparición de formas más crueles, explícitas, de la violencia como forma de imposición de la libertad financiera como indicaron Nahuel Puyaps, Verónica Gago, y Luci Cavallero.
Nicolás Cuello y Silvio Lang marcaron en la previa de febrero, un dato fundamental: la Marcha Antifascista y Antirracista en CABA fue a contramano del recorrido histórico de las Marchas del Orgullo desde 1992. De Congreso a Plaza de Mayo, directo a la sede del poder político, como hacen los grandes actos de movilización popular. Y hoy podemos afirmar que esa movilización fue efectiva: desde la primera línea del gobierno no se volvió a la guerra abierta contra la comunidad LGBT+, como sí continúan líneas inferiores como Clara Muzzio y sus ideólogos radicales como Nicolás Marquez, Agustín Laje. En febrero nos sorprendimos por la masividad de la marcha en CABA y su fuerza de replicación en todo el país.
La organización asamblearia de la movilización también fue una novedad. Hizo eco de las formas organizativas feministas de los Encuentros Plurinacionales, con sus disputas abiertas, gritómetros y aplausómetros. Esta movilización se apuntaló sobre una amplia gama de alianzas construidas: entre organizaciones sociales LGBT+, feministas, de derechos humanos, organizaciones políticas, partidos, sindicatos. Un músculo entrenado durante la masificación del movimiento feminista de avanzada que tuvo una prueba de fuego defensiva. Y funcionó. De hecho, la fuerza de replicación se sirvió de esas alianzas construidas, más allá de las asambleas en Parque Lezama, para replicar de manera autónoma este acontecimiento en todo el país. Y autónoma, más bien, porque responde a las políticas de alianza construidas en cada territorio aunque los actores no sean siempre idénticos, no tengan los mismos marcos de alianzas, ni construyan la misma fuerza de oposición.
Esas alianzas fueron visibles en la calle: el tono de la movilización fue distinto. Una tonalidad que mezclaba la vivacidad de las marchas del orgullo con la incidencia masiva de las marchas del 24 de marzo en sus vísperas. Banderas gremiales por todos lados, organizaciones sueltas, columnas desordenadas.
Persistir es existir
La fuerza de acontecimiento del 1ro de febrero contrasta de lleno con la fuerza ritual de la Marcha del Orgullo Argentina. El acontecimiento irrumpe, sintomatiza, da un golpe y vuelve a la marea en un rápido repliegue. El ritual, en su repetición, es también una persistencia: ocupar el mismo lugar, actualizar el repertorio de consignas, construir recorridos estables. El contraste incluso tienta a pensar en los términos de un movimiento instituyente y uno instituido. Sin embargo, en las temporalidades políticas superpuestas de estas dos movilizaciones se pueden encontrar líneas de continuidad que hacen a los procesos largos del movimiento LGBT+ y popular, pistas de la disrupción, constataciones de la inefectividad y tonalidades de la formas de ocupar el espacio público.
La Marcha del Orgullo Argentina, para el segundo año de gobierno de Javier Milei, diseñó consignas entre más de 60 organizaciones que se hacen cargo de los debates pesados -estratégicos- del campo popular en un documento explosivo: repudia el genocidio en Palestina, rechaza y desconoce la deuda ilegítima, pide por la liberación de Cristina y el fin de la persecusión política a los liderazgos populares. La modalidad de articulación que tiene esta marcha se encuentra poco: 34 años de construir consensos, articular demandas, reconocer avances y retrocesos. Sin embargo, el tamiz político de la Marcha, en su masividad creciente, parece diluirse. Gabriela Ivy destaca este punto: la marcha “apagada” con pocas consignas, incluso en contraste con la de 2024 donde se marcó por primera vez su carácter antimileísta. El contraste entre los escenarios, los discursos y la circulación de la marcha es un desafío para la comunidad y, en particular, hacia las organizaciones sociales y políticas. ¿Habrá jugado el clima postelectoral una mala pasada a las políticas de visibilidad gremial?
El decaimiento del estilo festivo y estridente de la Marcha del Orgullo este año responde, en parte, al agotamiento y el desgaste que implica persistir visibles ante el abandono del Estado, el incremento de la violencia social, el efecto silenciador de la violencia simbólica, y el aumento de la precariedad y la deuda cotidiana. Sí, pero también ante la retirada de los camiones de empresas que quitaron su apoyo a la movilización ante una nueva presidencia de Donald Trump. Este año se podía caminar en la calle porque faltaban camiones: las empresas se retiran, el orgullo del movimiento queda.
Algo marcha mal
Aún así, se marcha. El movimiento LGBT+ y popular tiene, en estas fechas, una capacidad de movilización de más de 2 millones de cuerpos. Más o menos disperses, más o menos apretados, más o menos de acuerdo, más o menos rotas.
La respuesta a la pregunta acerca de si se trata de una movilización popular o de una movilización sectorial, por si cabía alguna duda todavía, cae de madura. 2 millones de cuerpos hablan de una composición transversal, excedente de las estructuras orgánicas, de actores múltiples, alianzas territoriales diversas y una convocatoria masiva capaz de trasladar – entre carnavales y fiestas más o menos electrónicas – fuerzas entre todos los lugares del país. Pero la pregunta importante que resalta de los balances es sobre la efectividad de la movilización popular, pregunta que también atraviesa al conjunto del campo popular en la encrucijada de cómo se impone una derrota al gobierno de Javier Milei.
Podríamos afirmar que febrero se mostró efectiva destacando su carácter de acontecimiento y noviembre se mostró efectiva en su carácter ritual. Claro, como tendencias y no como categorías estancas. Las marchas del orgullo históricamente presentan rasgos de acontecimiento por la forma de irrupción de masas diversas en la calle, en la construcción de los noviembres que – a diferencia de este año – marcan un trazo entre los Encuentros Plurinacionales y los Orgullos como “primaveras calientes” de los movimientos feministas y disidentes. Sí, en la tensión entre ambas modalidades de la movilización aparece una dificultad, como en el conjunto del campo popular, de pensar dinámicas de acumulación y de organización intermedia que permitan la forma procesual del trabajo de base y las políticas de acompañamiento ante el aumento de la precariedad.
Además de la demanda por políticas públicas, otra tensión que aparece entre ambas marchas es sobre las formas de institucionalización de las demandas. Esto se volvió un atolladero del campo popular y fue un límite objetivo de nuestra última avanzada: no solo de la institucionalización ante el Estado sino de las propias formas organizativas del movimiento. El cuidado de las instancias organizativas es lo único que permite forjar puentes intergeneracionales del activismo, trazar continuidades en la forma de la herencia, que de otra manera aparecen siempre actualizándose. La sangría de fuerza por desacumulación, si bien detenida por el diagnóstico de la urgencia y la necesidad de estas alianzas defensivas, se debió a la institucionalización por arriba y a la fractura por abajo. De la misma manera, es la solidez organizativa lo que permite construir más allá del acontecimiento y de la emergencia esporádica los márgenes de autonomía necesarios para afrontar una política amplia de alianzas.
Diversos balances marcaron una impresión sensible de una marcha “disminuida”, como muestra la intervención del colectivo Anticuerpos en su blog. Un fotógrafo amigo señalaba que en la Marcha del Orgullo es muy difícil hacer cobertura de fotos porque cuesta “mostrar algo que no se haya mostrado antes”. Esta intuición ante las imágenes del orgullo, en contraste con las imágenes de febrero, muestra que hay algo de las políticas de visibilidad que se encuentra tensionado. Y es entendible en esta coyuntura si consideramos que la culminación de la visibilidad no termina ya en el reconocimiento en una política de Estado sino que, al contrario, tambalea la evidencia de su consagración redunda en una certeza de cuidado y protección.
Una hipótesis posible es que está en curso una mutación en el régimen de visibilidad. Un cambio en el campo de imágenes disponibles de la vida disidente como efecto del desplazamiento de funciones que está en curso en el Estado, que hace que ciertas políticas de visibilidad caigan en saco vacío. Digamos, que las performances dejen de ser performativas porque pierden eficacia. Su efecto de sorpresa, de disrupción, de antagonismo, están roídas. De ahí el ruido que hace el clima festivo cuando estamos todas agotadas. De ahí los testimonios del recelo que se siente al acercarse a la marcha cuando no se evidencia su objetivo. De ahí que la tendencia objetiva a la institucionalización se complemente con una fantasía de integración cuando es patente, más que nunca, que somos prescindibles para el liberalismo y que el “progresismo neoliberal” es un movimiento táctico tan útil como lo es la guerra abierta descarnada.
La insistencia sobre el “pinkwashing” o los “gays de derecha”, en algunas de sus apariciones, tiene matices que enfatizan en una disidencia auténtica ante la integración o la cooptación. Sin embargo, la dinámica del reconocimiento estatal o de marcado como forma de institución de la memoria diverso-disidente no reconoce de espacio político, marcha, o contramarcha. Las vidas de derecha de nuestra comunidad son, al menos parcialmente, una victoria táctica en la derrota estratégica de pensar el movimiento LGBT+ junto al conjunto del campo popular.
Sin embargo, y ante la inestabilidad del campo de imágenes, hay una oportunidad de intervención. Recuperar la dinámica procesual del movimiento, su larga historia, en la cual la institución del régimen de memoria/visibilidad/reconocimiento no era evidente ni el único camino político a tomar. La ebullición de imágenes en el archivo de la memoria LGBT+ durante la posdictadura, del 83 al 92 y más acá, puede echar otros claroscuros que habiliten la imaginación de políticas de visibilidad eficaces en un momento defensivo. Quizás entonces, dejemos de mirar con sarna las máscaras en la 1ra Marcha del Orgullo como signo del temor y de la censura del poder y podamos pensarlas como intervenciones de coraje.
